Scaglia impulsa un proyecto para reducir hasta eliminar las retenciones agropecuarias

La diputada nacional santafesina Gisela Scaglia presentó un proyecto de ley que propone un esquema de reducción gradual y lineal a los derechos de exportación del sector agropecuario. El texto define cuatro períodos y la idea central es llegar a una alícuota definitiva del 0% para el año 2029. “Cuando al campo le va bien, le va bien a toda la Argentina”, expresó.

La iniciativa de la presidenta del bloque Provincias Unidas cuenta con el acompañamiento de los diputados nacionales José Núñez, Carlos Gutiérrez, Carolina Basualdo, Alejandra Torres y María Inés Zigarán, y establece una sistema de reducción anual equivalente al 25% de la alícuota base (actual).

Según la legisladora, esto apunta a devolver competitividad al interior productivo y a eliminar la potestad del Ejecutivo de modificar las alícuotas por decreto.

Por eso propone también la derogación del artículo 755 del Código Aduanero, que es el que habilita al Poder Ejecutivo a tomar esa medida sin intervención del Congreso de la Nación.

En ese punto, Scaglia recordó las seis modificaciones hechas por decreto en materia de exportación de cereales y oleaginosas que, según palabras de la diputada, “generaron incertidumbre en el mercado”. En caso de prosperar este texto, cualquier cambio deberá ser debatido en los recintos.

El proyecto elimina la facultad del Ejecutivo de modificar alícuotas por decreto, y deja esa decisión en manos del Congreso. Archivo El Litoral

En los fundamentos, señaló que “el sector agroexportador cerró el año 2025 con un ingreso que superó la suma de USD 31.000.000.000, consolidándose como la principal fuente de divisas”, y cargó que “de la recaudación total por Derechos de Exportación (DEX) en 2025, el complejo agroexportador explicó más del 90% del monto”.

Pero consideró que “Argentina permanece estancada en producción y crecimiento exportador, dependiendo de los precios internacionales. El impuesto extrae renta que debería destinarse a tecnología y ampliación de la frontera productiva”.

Fundamentos

Scaglia explicó que la redacción de este proyecto de ley “es resultado de escuchar a productores y técnicos, y no es un privilegio sectorial, sino una corrección estructural”. Y cerró: “La eliminación de retenciones es una inversión en empleo e industrialización. Cuando el campo gana, gana toda la cadena de servicios local”.

"Cuando al campo le va bien, le va bien a toda la Argentina. El productor que gana más no se guarda la plata: compra una máquina, contrata más gente, mueve la economía. Esto no es un privilegio sectorial, es una condición para que el país crezca", agregó la ex vicegobernadora santafesina.

El proyecto contempla, además, una cláusula de protección federal: el Ejecutivo no podrá invocar la nueva norma para modificar los regímenes de coparticipación ni los fondos destinados a las provincias.

Scaglia subrayó que la recaudación de retenciones no es coparticipable, por lo que las provincias productoras generan la riqueza pero no reciben retorno proporcional, un esquema que consideró contrario al federalismo constitucional.

Desde esa perspectiva, Scaglia también puso el foco en la relación entre el gobierno nacional y las provincias. Santa Fe, dijo, atraviesa una cosecha récord, hace obra pública y mantiene el esfuerzo fiscal, pero no recibe la contraparte en transferencias de recursos.

El planteo de Pullaro

En un escenario cargado de simbolismo para la economía productiva, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, aprovechó días atrás el remate del primer lote de soja de la campaña 2025/26 para trazar una hoja de ruta con fuerte anclaje en la agroindustria.

Desde la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el mandatario no solo destacó el valor institucional del evento, sino que también reforzó su posicionamiento en torno a tres ejes clave: infraestructura, financiamiento y alivio impositivo.

El gobernador Maximiliano Pullaro, en el remate del primer lote de soja. Archivo El Litoral.

En ese marco, cuestionó el estado de las rutas nacionales y denunció la falta de inversión en infraestructura estratégica. En esa línea, vinculó el reclamo con el esquema de retenciones agropecuarias: “Son recursos que deberían destinarse a mejorar la infraestructura productiva”, señaló.

En paralelo, el gobernador subrayó la política tributaria de la provincia como un diferencial competitivo. Aseguró que Santa Fe registra actualmente la menor carga impositiva en dos décadas, con exenciones clave para el agro. “El campo no paga Ingresos Brutos”, recordó, y detalló que la industria tributa apenas un 0,7%.

Termina la reducción

Todo esto en momentos en que el Gobierno nacional confirmó que, a partir del 1 de julio, se restablecerán las retenciones a las exportaciones agropecuarias en niveles similares a los de enero, tras un periodo de reducción temporal.

Concretamente, la soja volverá a tributar una alícuota del 33%, el maíz del 12%, y el girasol del 7%. Trigo, cebada y sorgo también incrementarán su carga: pasarán del 5,5-9,5% actual a los valores previos al recorte.

Las entidades agropecuarias reaccionaron de inmediato. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Carbap manifestaron su oposición y calificaron el incremento como "robo institucionalizado", reclamando que se mantuvieran las retenciones reducidas o que se eliminara el gravamen por completo.

Impacto en números

Según un análisis de la Fundación Mediterránea, la suba impactará significativamente en la rentabilidad, con una caída de hasta el 12% entre los productores de la zona núcleo y hasta un 74% en regiones extra pampeanas.

Un estudio realizado por la Bolsa de Comercio de Rosario sobre las retenciones, permitió proyectar que la reducción gradual de las retenciones el área sembrada podría alcanzar a los 41,1 M/ha en 2036 (en la actualidad la superficie implanta con los principales cultivos alcanza a los 37M/ha) y, obtener una producción total de granos que oscilaría entre los 134M/t y los 165 M/t el 2036.

El informe plantea un escenario alternativo: sin retenciones, la producción podría escalar a 183 millones de toneladas, impulsando exportaciones por 126 millones y generando ingresos por unos U$s 50.000 millones.