Seguridad privada: nueva ley en busca de establecer reglas claras

La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe ha convertido en ley el proyecto que establece un marco regulatorio para la prestación privada de servicios de vigilancia, custodia y seguridad.

Esta normativa, impulsada por el legislador socialista Rubén Galassi, busca ordenar un sector de gran envergadura en el territorio provincial. Según estimaciones del propio Galassi, en Santa Fe operan alrededor de 200 empresas de seguridad privada, empleando a aproximadamente 12.000 hombres y mujeres.

Para contextualizar la magnitud de esta cifra, la Policía de Santa Fe cuenta con unos 24.000 agentes, lo que subraya la relevancia del sector privado en el esquema de seguridad. Con la sanción de esta ley, se pretende establecer un registro claro y un dato preciso sobre la dimensión y características de quienes cumplen esta tarea complementaria a la estatal.

Alcance y novedades de la nueva normativa provincial

La iniciativa sancionada considera que las actividades realizadas por las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada son de interés público, y que deben ser subordinadas y complementarias a las que lleva a cabo el Estado Provincial. La ley aborda diversos aspectos cruciales para la profesionalización y el control del sector.

Entre ellos, se establecen condiciones específicas para la contratación de servicios, las incompatibilidades y obligaciones del personal, las prohibiciones y responsabilidades de los prestadores, así como las capacitaciones obligatorias que deben ser brindadas a los trabajadores. Asimismo, la normativa contempla un régimen de sanciones para las infracciones que puedan cometer los prestadores.

Un artículo relevante del proyecto distingue claramente los servicios que justifican el uso de armas, como las custodias personales, el transporte y resguardo de mercaderías en tránsito y en depósitos, o la vigilancia privada en lugares fijos sin acceso de público. Adicionalmente, la ley exige que el personal que efectúe estos servicios de vigilancia debe estar contratado y registrado bajo relación de dependencia y el régimen de contrato de trabajo, combatiendo la precarización laboral en la actividad.

Monitoreo de alarmas y el desafío del 911

Uno de los problemas centrales que la nueva ley busca resolver es el impacto negativo de las falsas alarmas en el Sistema de Emergencias 911 y las fuerzas policiales. En los últimos años, la proliferación de sistemas de alarmas en viviendas particulares y comercios ha derivado en un notable incremento de las denuncias que estas empresas privadas trasladan a la policía.

Sin embargo, la ineficiencia en los procedimientos de verificación por parte de las prestadoras provoca que la gran mayoría de estos requerimientos resulten ser falsas denuncias, lo que implica una afectación desproporcionada de recursos públicos.

Para dimensionar esta problemática, el legislador Rubén Galassi brindó datos contundentes. Explicó que, en lo que va del año (hasta el mes de octubre), el 911 recibió 595.000 llamadas de alerta. De esa cifra, 215.000 correspondieron a incidencias generadas por la activación de sistemas de alarmas.

Esto se tradujo en el despliegue de personal policial por unas 89.000 horas, además de móviles y otras herramientas provistas por el Estado Provincial. Lo más alarmante, según Galassi, es que solo 4.231 de esas alertas –es decir, menos del 3%– ameritaban la intervención de la estructura estatal por tratarse de un intento de robo, un hecho de violencia o una agresión.

El legislador subrayó que esta situación generó un gasto extraordinario para el Estado, que se afronta «con los tributos de todos los ciudadanos». Asimismo, resaltó que «es injusto también que se afecte el servicio de seguridad en general», ejemplificando con datos del Ministerio de Seguridad provincial que la activación de alarmas llegó a implicar que «alrededor de 60 de los 200 móviles de Rosario, por ejemplo, estén afectados por esta situación».

Nuevos protocolos y apoyo estatal para empresas de seguridad

Frente a este escenario, la ley sancionada por la Legislatura de Santa Fe establece que las empresas de seguridad deberán implementar protocolos claros y eficientes para corroborar la necesidad efectiva de activar el 911. El objetivo es reducir drásticamente el número de falsas alarmas y optimizar la respuesta policial.

Rubén Galassi indicó que se contemplará un tiempo de adecuación para que las empresas puedan cumplir con los nuevos requisitos, considerando la realidad de las pequeñas empresas, que son numerosas en el sector. Además, la ley prevé mecanismos de ayuda para facilitar este proceso de cumplimiento, incluyendo exenciones fiscales y la posibilidad de acceder a créditos, entre otros beneficios.

Antecedentes y el largo camino legislativo de la regulación

La regulación de las agencias de seguridad privada es un tema relativamente reciente en Argentina, aunque la cantidad de prestadoras se ha multiplicado en las últimas dos décadas. Provincias como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Mendoza, Tucumán, Jujuy, San Juan y Neuquén han avanzado en este sentido con legislación específica.

En el caso de Santa Fe, si bien existieron antecedentes de proyectos de ley sobre la materia en la década pasada, el asunto permanecía pendiente a pesar de los distintos intentos. Rubén Galassi hizo un especial reconocimiento a la labor de los legisladores Alicia Gutiérrez y Oscar Pieroni, quienes «trabajaron mucho» en propuestas anteriores. A pesar de haber logrado «medias sanciones» en la Cámara, nunca se había podido convertir la regulación en ley hasta el presente.

Los beneficios de la ley: transparencia, eficiencia y bienestar ciudadano

Al finalizar su exposición, Rubén Galassi sintetizó los dos ejes principales que contempla esta nueva ley provincial. En primer lugar, destacó que los dispositivos y regulaciones que se establecen serán un beneficio directo para las empresas de seguridad que operan correctamente, ya que contribuirán a «eliminar la competencia desleal». Además, será un avance significativo para los trabajadores, al no permitirse «empleo en negro en una actividad tan importante».

El segundo eje fundamental se relaciona con el monitoreo de alarmas, que, según el legislador, no solo «ayudará a la ciudadanía», sino que «mejorará la eficiencia de la respuesta del sistema de 911» y «evitará el dispendio de recursos públicos».

Finalmente, el diputado remarcó que «nadie puede dudar de que, en temas como educación, salud y seguridad, el Estado debe mantener un rol imprescindible». Insistió en que quienes brindan servicios complementarios a la comunidad deben hacerlo «bajo reglas claras, garantizando calidad y responsabilidad», priorizando siempre «los beneficios para los santafesinos» y el bienestar ciudadano.