Siete condenados por la red narco que cayó con más de cuatro kilos de cocaína en Ruta 90

La investigación federal que en noviembre de 2025 tuvo uno de sus capítulos más resonantes con el secuestro de más de cuatro kilos de cocaína sobre la Ruta Provincial 90, en cercanías de Elortondo, avanzó en estos días con siete condenas para integrantes de la organización investigada por comercializar estupefacientes en distintas ciudades de la región.

El juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, homologó los acuerdos plenos alcanzados entre la Fiscalía Federal y las defensas dentro de la carpeta judicial, en tanto que los imputados aceptaron la existencia de los hechos, su participación, la calificación legal y las penas acordadas. Las audiencias se desarrollaron los días 21 y 27 de agosto.

Además, tanto la acusación como las defensas renunciaron a los plazos procesales para recurrir la resolución, por lo cual las condenas adquirieron firmeza.

Cuatro penas efectivas y tres condicionales

La sentencia alcanzó a Leonel Víctor Andrada, Carina Elizabet Alviso, Josué Emir Bustos, Ayelén Florencia Castillo, Carla Danisa Enea, Juan José Cabello y Ana Paula Muñoz. El tribunal tuvo por acreditado que participaron, con distintos grados de responsabilidad, de una estructura dedicada al comercio de estupefacientes que mantenía movimientos en Venado Tuerto, Firmat y Cañada de Gómez.

Andrada fue condenado a seis años de prisión efectiva como coautor del delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas.

En el caso de Alviso, se acordaron seis años y seis meses de prisión efectiva por comercio agravado y transporte de estupefacientes. Como tenía una condena condicional anterior de la Justicia provincial, se revocó ese beneficio y ambas sanciones fueron unificadas en una pena única de siete años de prisión efectiva.

Bustos recibió tres años de prisión efectiva como partícipe secundario, aunque al unificarse esta pena con otra condena federal anterior deberá cumplir siete años de prisión.

Por su parte, Castillo fue condenada a tres años efectivos y, al acumularse esta sanción con otra sentencia previa, recibió una pena única de cinco años y seis meses. Además, fue declarada reincidente por segunda vez.

Finalmente, Carla Enea, Juan José Cabello y Ana Paula Muñoz fueron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional, junto con multas y distintas reglas de conducta. En el caso de Muñoz, el tribunal también le impuso como obligación culminar sus estudios secundarios.

La resolución requirió cupos para trasladar a Andrada, Alviso, Bustos y Castillo al Servicio Penitenciario Federal.

Los paquetes que viajaban hacia Venado

Uno de los hechos centrales del expediente ocurrió el 16 de noviembre de 2025, cuando personal de Gendarmería interceptó un Chevrolet Onix Joy en el kilómetro 133 de la Ruta Provincial 90.

En el vehículo viajaban Carina Alviso y M.A.E, quienes se dirigían desde Cañada de Gómez hacia Venado Tuerto. En el interior de una mochila fueron encontrados cuatro paquetes que posteriormente arrojaron un peso exacto de 4.279,77 gramos de cocaína. También se secuestraron $418.110, una navaja y otros elementos.

Un informe de ARCA-Aduana Venado Tuerto incorporado al expediente determinó que el valor de plaza de la cocaína secuestrada ascendía a 90.846 dólares.

El procedimiento había sido informado en su momento por Sur24, que dio cuenta de que los ocupantes regresaban hacia Venado Tuerto después de abastecerse en Cañada de Gómez. Aquella detención desencadenó nueve allanamientos: seis en viviendas, uno en una celda de la Unidad Penal de Coronda y otros dos en sectores de la Alcaidía de Melincué. En total participaron alrededor de 40 efectivos de Gendarmería y 12 móviles.

Cañada de Gómez y la presunta proveedora

La reconstrucción de la investigación permite además precisar un eslabón que todavía no tiene sentencia firme. R.E.T, oriunda de Cañada de Gómez, aparece sindicada como una de las proveedoras de la estructura, y sería en esa ciudad donde Alviso habría retirado la cocaína posteriormente encontrada sobre Ruta 90.

Ese tramo será parte de la continuidad del expediente, porque R.E.T, M.E, A.W.C, S.E y C.A.O aún permanecen sometidos al proceso penal federal. La propia sentencia menciona a esas cinco personas como integrantes de la organización junto con los siete ahora condenados y otros sujetos todavía no individualizados.

Desde el Buzón de la Vida

Como informó Sur24 cuando se produjo el operativo de noviembre, la pesquisa había comenzado en abril de 2025, a partir de denuncias anónimas ingresadas mediante el Buzón de la Vida de Venado Tuerto.

A partir de esos datos, la Fiscalía Federal fue cruzando información con otra investigación que meses antes había permitido desarticular un clan familiar que comercializaba drogas en barrio Villa Moisés. De esa manera comenzaron a identificarse distintos niveles de la estructura: proveedores, personas encargadas del transporte y vendedores con actividad en Venado Tuerto, Firmat y Cañada de Gómez.

La causa de Villa Moisés también se había iniciado por denuncias anónimas y, en febrero de 2025, derivó en cinco allanamientos, detenciones y el secuestro de cocaína, marihuana, municiones, dinero y teléfonos. La investigación reveló además la presunta intervención de un expolicía provincial y su esposa, quienes habrían brindado información a los integrantes de aquella organización sobre posibles procedimientos.

Cinco acusados bajo proceso

La resolución conocida esta semana, por lo tanto, no cierra por completo la carpeta judicial. La situación de A.W.C, M.E, R.E.T, S.E y C.A.O todavía debe resolverse.

Para el próximo lunes 31 de agosto está prevista la audiencia de control de la acusación, instancia previa al eventual avance hacia un juicio oral. Sin embargo, algunos de los imputados ya adelantaron su voluntad de formalizar acuerdos plenos, por lo que podrían seguir un camino procesal similar al de los siete condenados ahora.

Actualmente, todos se encuentran en prisión preventiva por disposición del Juzgado Federal, con excepción de S.E.

Entre ellos se encuentran dos protagonistas de uno de los episodios centrales del expediente: M.E, quien conducía el automóvil interceptado con los 4,2 kilos de cocaína, y R.E.T, señalada en la pesquisa como proveedora desde Cañada de Gómez. De esta forma, la próxima audiencia marcará otro paso relevante dentro de una causa que ya produjo siete condenas firmes, pero que todavía mantiene abierto un segundo frente judicial.

Singularidad en el juicio abreviado

El fallo también dedica un apartado especial al acuerdo correspondiente a Alviso, ya que el artículo 323 del Código Procesal Penal Federal establece que el procedimiento abreviado procede cuando el Ministerio Público Fiscal considera suficiente una pena privativa de la libertad inferior a seis años, mientras que en su caso se habían pactado seis años y seis meses.

Cuello Murúa consideró que esa diferencia no impedía homologar el convenio y para fundamentarlo citó jurisprudencia de la Cámara Federal de Casación Penal y antecedentes de otros jueces federales de Garantías de Rosario, entendiendo que, con la conformidad de la acusada y su defensa, superar ese límite no afectaba garantías constitucionales y permitía dar una resolución más rápida al conflicto.

Decomisos y pericias por más de $228 millones

Además de las penas, el tribunal dispuso el decomiso de dinero en efectivo, teléfonos celulares, una balanza de precisión, un disco rígido y dos motocicletas, entre otros bienes considerados vinculados con la actividad investigada. Asimismo, autorizó al Ministerio Público Fiscal a destruir el material estupefaciente secuestrado.

La sentencia deja otro dato de magnitud: los dictámenes químicos y las pericias sobre teléfonos realizados por el Grupo de Criminalística y Estudios Forenses de la UNIPROJUD Venado Tuerto de Gendarmería Nacional representan un costo total de $228.906.897,93, suma incluida dentro de las costas consignadas en el proceso.

Así, el procedimiento abreviado permitió cerrar la situación de siete integrantes de una estructura cuya investigación comenzó con información aportada anónimamente por vecinos y tuvo su imagen más contundente en aquellos cuatro paquetes de cocaína interceptados sobre Ruta 90. La causa, sin embargo, aún no terminó: otros cinco acusados afrontarán el lunes una instancia decisiva ante la Justicia Federal de Venado Tuerto.