Tensión en el Congreso por la sesión opositora y la marcha universitaria

En los juegos de cartas tradicionales, el uso de porotos para contar los puntos es ley. Es eso o sumar a pura lapicera y papel. En ámbitos legislativos, el término “poroteo” también es conocido: remite al conteo uno por uno de los votos que pueden sumar a la aprobación de una iniciativa o a la concreción de una sesión.

Es la palabra que mejor resume la febril actividad de los últimos días en el Congreso y el Ejecutivo y de este jueves, en particular, en la Cámara de Diputados de la Nación.

Para las 14 está citada la sesión especial que pidió la oposición a fin de abordar una agenda bien concreta (y totalmente contraria a los intereses del gobierno nacional), que consiste en una ley sobre Endeudamiento Familiar, la prórroga hasta diciembre de 2027 de la Emergencia Nacional de Discapacidad, y la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 que el Senado ya rechazó en marzo de 2024.

Cada tema tiene sus complejidades, pero en realidad la pregunta es cuántos “porotos” logrará reunir la oposición para completar los 129 que se requieren para alcanzar el quórum y abrir la sesión. Y cuántos habrá conseguido el oficialismo para malograr la convocatoria.

DNU y Ley de Tierras

Un paso adelante en esa línea dio este miércoles el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, ambas presididas por legisladores de La Libertad Avanza, que lograron un dictamen de mayoría para incorporar al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (que tiene media sanción del Senado) dos artículos que revierten uno de los puntos más discutidos del decreto 70/23: dejan sin efecto el artículo 154 y restituyen la plena vigencia de la Ley 26.737 que en el año 2011 dispuso la protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales (fija un 15 % el límite de tierras en manos de extranjeros).

Con este dictamen, pierde fuerza uno de los argumentos de la sesión especial de este jueves. ¿Por qué? Porque fue convocada apenas se conoció el fallo de la Corte Suprema de Justicia que el 29 de septiembre rechazó por falta de legitimación procesal la demanda del Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM), que impugnaba el artículo 154 del DNU, precisamente el que deroga la Ley de Tierras.

Poco después, el 9 de octubre, el máximo tribunal reconoció legitimación en otro reclamo, en este caso de la Asociación Civil Árbol de Pie, que cuestiona el mismo artículo pero invocando la protección del ambiente. En este caso, dictó una medida cautelar para suspender el artículo en cuestión y devolvió la causa al juzgado Federal de Bariloche donde se había iniciado.

Para decirlo en simples palabras, hasta que el tema se resuelva quedó restituida una vez más la Ley de Tierras aunque la Corte no se pronunció sobre la cuestión de fondo, es decir, el decreto de Milei.

Con el dictamen acordado este miércoles por el oficialismo y bloques aliados que deroga el artículo en cuestión del DNU 70/23, el gobierno espera desinflar la sesión que fue pedida, entre otros, por el santafesino Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria.

Al mediodía están invitadas las autoridades de bloques para la reunión de labor parlamentaria para coordinar el desarrollo de la sesión.

Otro pedido

Pero en la grilla oficial de Diputados figura otra sesión: esta vez para el 21 de octubre, convocada por Gabriel Bornoroni (LLA) y otros legisladores del bloque que representa al presidente Javier Milei.

En ese temario figura el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (con los cambios introducidos en las últimas horas que restituyen la Ley de Tierras), la creación de un Sistema de Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo y de sus Ingredientes Farmacéuticos Activos (que surgió como uno de los compromisos de la comisión investigadora del fentanilo contaminado), modificaciones al Código Penal en materia de vandalismo rural, la prórroga de la Ley de Discapacidad y la ley de endeudamiento familiar, entre otros puntos.

Marcha y sanción

Con o sin sesión, para esta tarde está convocada la quinta marcha federal universitaria que tendrá epicentro en el Congreso y replicará en todo el país.

Sobre este punto, y para sumar otro ingrediente a un conflicto demasiado extenso y meneado, el juez federal Martín Cormick sancionó con una multa diaria de 100 mil pesos al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por la decisión de Javier Milei de no acatar la cautelar que ordenó al gobierno que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. ¿Por qué a Santilli? Por ser el responsable de la administración del Presupuesto.

No será el único reclamo que se oirá este jueves en las calles; también se irá por la derogación del DNU 70, la ley de discapacidad y la situación de las familias endeudadas.