Tenso debate en el Concejo por la condena a Cristina Fernández

El fallo de la Corte Suprema, emitido este martes 10 de junio, ratificó una condena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras encontrarla culpable de administración fraudulenta en la adjudicación de obras públicas. La causa, que investigó la cartelización de licitaciones en la obra pública durante su gobierno, determinó que la dirigente justicialista y otros funcionarios de su administración favorecieron a la empresa Austral Construcciones, vinculada a Lázaro Báez, mediante sobreprecios del 65% en 51 licitaciones. Además, la Corte ordenó el decomiso de 84 mil millones de pesos (sin actualizar) provenientes de estos actos fraudulentos.

El fallo fue ratificado por el Tribunal Oral Federal 2, la Cámara de Casación Penal y la Corte Suprema, tras varios años de investigaciones y juicios. 

Durante la sesión del Concejo, los ediles debatieron fuertemente sobre la validez del fallo y su impacto político, y se evidenció una clara división entre los bloques. 

Entre los 29 puntos del orden del día de esta sesión ordinaria, el número 4, impulsado por concejal peronista Sebastián Roma, figuraba de la siguiente manera: “Proyecto de Resolución expresando el más enérgico repudio del Concejo Municipal de Venado Tuerto ante el intento de proscripción política y judicial contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un accionar que vulnera el Estado de derecho y exigiendo el cese inmediato de las prácticas de persecución judicial que buscan condicionar el debate político, proscribir dirigentes y socavar la democracia mediante la intromisión del Poder Judicial en la vida institucional del país”.

Roma: “La condena tiene una función disciplinadora”

En primer lugar, el concejal del PJ, Sebastián Roma, defendió la moción de repudio, argumentando que la condena a Cristina Fernández de Kirchner forma parte de un “mecanismo para sacar de la cancha a quienes obstaculizan intereses importantes”. Y expresó que, si bien hoy le toca a la expresidenta, “mañana le puede tocar a cualquier otro dirigente”, advirtiendo que la condena tiene una “función disciplinadora” que no desea que se instale en el país.

“El foco de mi planteo está en el rechazo a la utilización de la justicia como herramienta para apartar a los líderes políticos del escenario. Creo que eso constituye una grave amenaza para las instituciones democráticas”, enfatizó.

“Es evidente que la justicia es crucial y que la impunidad ha sido un problema histórico en nuestro país. Sin embargo, cuando uno observa los movimientos de esta causa, es notable cómo siempre coinciden con momentos clave de la política. No se puede pasar por alto que este fallo, que salió a tiempo récord de la Corte, surge precisamente cuando Cristina Fernández de Kirchner lanza su candidatura. Esto claramente indica que hay un interés de ciertos sectores económicos por excluir a una de las principales figuras del partido opositor del juego político”, reflexionó Roma.

“Esta situación es verdaderamente preocupante y, en mi opinión, merece un enérgico rechazo. Más allá de que el peronismo se vea afectado directamente, es un golpe a nuestro sistema democrático. Dejar sin representación a un sector tan importante de la población puede tener consecuencias impredecibles”, sostuvo el aspirante a la reelección.

Además, el edil mencionó que la moción contó con el apoyo de Ciudad Futura, y destacó que, aunque anticipaban la negativa del oficialismo, lo importante era dejar claro el planteo de su espacio. 

Meardi: “No es proscripción; es justicia”

El presidente del Concejo Municipal, Santiago Meardi, celebró el fallo judicial, considerando que “es restituir parte de la confianza que hemos perdido como sociedad en las instituciones, especialmente en la justicia”. En su intervención, recalcó que lo sucedido no fue una proscripción, sino un acto de justicia contra la corrupción, destacando que “el kirchnerismo ha tergiversado la función ética de la política y ha creado un sistema sistematizado de robo al Estado”.

El edil Meardi también defendió los valores democráticos del radicalismo, mencionando a Yrigoyen y Alfonsín como ejemplos de la defensa de la democracia. Afirmó que, para su espacio político, “las instituciones y el valor de la democracia son sagrados”. Reiteró que este fallo fue positivo para el país, haciendo un paralelismo con la corrupción durante el menemismo y el kirchnerismo, donde se habrían tergiversado banderas nobles, como los derechos humanos, con fines de lucro.

Pellegrini elogió el proceso judicial

El concejal radical Juan Ignacio Pellegrini defendió el proceso judicial que llevó a la condena, subrayando que el juicio fue seguido por el Tribunal Oral Federal, confirmado por la Cámara de Casación Penal y finalmente ratificado por la Corte Suprema de Justicia. Además, destacó las irregularidades que se probaron en el manejo de las licitaciones, mencionando que el 80% de la obra pública en el sur del país estaba destinada a Austral Construcciones, empresa vinculada a Lázaro Báez.

A su criterio, las pruebas presentadas en el juicio, que incluyeron testimonios de más de 250 testigos, y el hecho de que la defensa solo presentó nulidades, prescripciones y recusaciones, confirmaban que “esto no es una proscripción, es justicia”. Pellegrini también subrayó el impacto de este fallo como un mensaje para el país, en un contexto de lucha contra la corrupción.

Giacometti criticó las irregularidades del proceso

La concejal de Ciudad Futura, Florencia Giacometti, defendió su postura contra el fallo, señalando que el proceso judicial estuvo “minado de irregularidades” y que, como abogada, observó que la defensa de Cristina Fernández no pudo presentar pruebas que fueron desestimadas durante las diferentes etapas del juicio. Según Giacometti, hubo violación del principio de “non bis in idem”, ya que se intentó juzgar a la expresidenta por hechos ya juzgados anteriormente.

A pesar de estar en contra de la corrupción, Giacometti enfatizó que el fallo estuvo plagado de faltas a las garantías constitucionales y a los derechos de la defensa. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos podría intervenir, pero no puede revertir el fallo. Su tarea será evaluar si se respetaron las garantías procesales”, explicó. Finalmente, criticó que la política local se viera opacada por los ataques personales, y abogó por centrarse en debates sobre los problemas concretos de la ciudad, como la obra pública y la seguridad.