Un estudio midió cuántas horas les dedican los jueces a las audiencias

Por Emerio Agretti

El tiempo que los jueces argentinos dedican en promedio a las audiencias es sumamente dispar entre los diferentes distritos, pero en general, si bien se registran notorios avances, el nivel de oralidad en los procesos sigue siendo insuficiente en todo el país. En ese marco, Santa Fe se encuentra entre las provincias con índice más elevado, a continuación de San Juan y Neuquén.

Así surge de un reciente análisis del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), que pone en evidencia las limitaciones en el avance hacia sistemas judiciales más transparentes y eficientes en Argentina.

El informe resalta desigualdades notables tanto entre provincias como al interior de cada una, lo que refleja variaciones en la implementación del modelo acusatorio y en la organización de oficinas judiciales, diseñadas para separar tareas administrativas de las jurisdiccionales y optimizar el rol de los jueces.

Indicador clave

El estudio se basa en información recolectada durante 2023 de los tribunales penales provinciales, nacionales y federales. Y pone la lupa sobre un indicador determinante: las horas promedio que pasan los jueces de primera instancia en salas de audiencia, excluyendo etapas de revisión o impugnación donde predomina el trámite escrito.

Según los investigadores, la oralidad representa el pilar fundamental de un sistema acusatorio moderno, ya que favorece la resolución de conflictos mediante el diálogo directo, asegura la participación activa de víctimas e imputados, y promueve la publicidad de los actos judiciales.

“Es la herramienta que permite pacificar disputas de manera democrática, respetando la inmediatez y la transparencia”, explican en el documento. Sin embargo, el informe alerta sobre prácticas persistentes que invisibilizan etapas intermedias o de investigación, donde a menudo se recurre a procedimientos escritos o rutinarios que afectan derechos y garantías.

Cómo se calculó

En términos metodológicos, el cálculo se realizó sumando las horas totales en audiencias de cada juez durante el año, promediándolas y dividiéndolas por 11 meses.

El Inecip propone un estándar mínimo de 72 horas mensuales por magistrado, equivalente a tres días semanales de seis horas en sala, dejando espacio para deliberaciones y redacción de fallos. En ese sentido, los datos obtenidos no son alentadores: ninguna de las jurisdicciones que reportan datos precisos llega a ese nivel.

“Hay avances, pero persisten deficiencias en la producción de estadísticas y en su uso para tomar decisiones”, señalaron las autoras Sidonie Porterie, Aldana Romano y Creusa Videla.

De acuerdo con los datos procesados, San Juan lidera con un promedio de 33,1 horas mensuales por juez, seguido por Neuquén (26,16) y Santa Fe (25,45). En el otro extremo, provincias como Entre Ríos reportan apenas 5,22 horas, mientras que otras como Buenos Aires, Salta o la Justicia Nacional no proporcionan información completa o no contestan.

Jurisdicciones como Catamarca, Chaco o Córdoba informan parcialmente, y San Luis, Santa Cruz y Tucumán no ofrecen datos en absoluto. Este panorama subraya la necesidad de mejorar los sistemas de medición y estandarizar indicadores para evaluar la calidad del servicio judicial.

Conclusiones

El objetivo principal de esta microinvestigación consiste en medir la cantidad de tiempo que jueces y juezas se encuentran en audiencia. Si bien se admite que ésas no es la única variable que puede analizarse para evaluar la oralidad de los procesos penales, se parte de la base de que es una manera apropiada de poner en el centro de la discusión el nivel de oralidad en Argentina, y la importancia de gestionar el tiempo de jueces y juezas de la mejor manera posible.

En las conclusiones advierten que, aunque fueron pocas las provincias que remitieron la información desagregada por tipo de audiencia, no pareciera haber una diferencia sustancial en el tiempo dedicado a audiencias de investigación y de etapa intermedia, con respecto a las de debate. A priori, este dato podría indicar el bajo nivel de oralidad de las audiencias previas al juicio, siendo que en los sistemas acusatorios, la etapa preliminar es donde se debiera concentrar el mayor caudal de trabajo.

El problema de la virtualidad

En otro orden, fueron muy pocas las provincias que pudieron reconstruir la información de hora de juez en audiencia por modalidad (virtual o presencial). Y los resultados entre ellas también difieren: las provincias de San Juan, Chubut y La Pampa tuvieron mayor carga de hora en audiencias presenciales (94.9% en San Juan, 98.7% en Chubut y 80% en La Pampa). En la provincia de Jujuy los resultados se invierten: 88,6% de las horas fueron en audiencias virtuales (audiencias de investigación, etapa intermedia, ejecución y abreviado) y 11,4% en audiencias presenciales (de juicio).

El uso de las audiencias virtuales se ha ido incrementando luego de la pandemia de COVID-19. Y si bien la tecnología puede ser un soporte válido para agilizar procesos y garantizar el desarrollo de algunas audiencias, los investigadores entienden que esto “debería ser la excepción y no la regla”.

Consignan que “la sala virtual es incapaz de reemplazar a una sala de audiencias como espacio de resolución de los graves conflictos humanos que gestiona la justicia penal. Debe siempre tenerse presente que las salas de audiencia cumplen con una función central en la administración de justicia penal: son el espacio en el que los conflictos se traducen en palabras”.

Por la importancia que asignan a esta cuestión, resaltan que incluso el diseño y arquitectura de la sala de audiencia son aspectos esencialmente críticos, en la medida en que pueden favorecer u obstaculizar la oralidad y el litigio.

Obstáculos

“La virtualidad supone muchas veces un obstáculo para promover una participación activa de las partes y facilitar un litigio más dinámico y fluido. Más aún en contextos en los que la dinámica del litigio adversarial, el ejercicio de la contradicción y la fluidez en la presentación de la información en las audiencias previas al juicio, continúa siendo en muchos casos deficiente. La sala de audiencia debe además proyectar solemnidad; es importante que en ella se jerarquice el lugar del juez o jueza”, advierten.

Y, al respecto, hacen hincapié en las características que deben reunir las salas de audiencia, entre otras cosas el mobiliario y los símbolos, para jerarquizar el lugar de jueces, juezas y jurados. Elementos que, como se observa, “jamás pueden garantizarse por igual en salas virtuales”.

En este sentido, advierten sobre los efectos distorsivos del uso de la tecnología en las audiencias penales, sobre todo el riesgo inmenso que representa la virtualización de las audiencias de juicio. “La virtualización del juicio oral puede impactar muy severamente sobre la calidad del litigio y afectar derechos y garantías”, que no pueden ponerse en peligro en atención a la mayor celeridad. En atención a ello, convocan a un debate serio, para “construir consensos razonables sobre el uso de la virtualidad para las audiencias penales”.

Y concluyen expresando la expectativa de que los resultados del informe “permitan avanzar en una discusión honesta sobre el mejoramiento técnico y de gestión de las estadísticas de la justicia penal, así como sobre la calidad y nivel de oralidad que tenemos hoy en nuestro país”.