Venado Tuerto optimiza el sistema de traslado para personas con discapacidad

El Concejo Municipal aprobó la Ordenanza N° 6056/26, que establece un nuevo marco para el servicio de transporte de personas con discapacidad en Venado Tuerto. La normativa reemplaza la regulación vigente desde 2013 e introduce un esquema sin cupos, con habilitación digital, tarifas sin intervención municipal y libre competencia entre prestadores, en línea con el Plan de Movilidad Urbana impulsado por el Gobierno municipal.

En ese contexto, el subsecretario de Movilidad, Eugenio Bernabei, explicó que “el intendente (Leonel) Chiarella nos dio una hoja de ruta precisa, trabajar de manera coordinada, con visión de conjunto y resultados concretos para los vecinos”. En este sentido, valoró que “cada acción del Plan de Movilidad es parte de esa misma lógica, identificamos un problema, articulamos las áreas del municipio que tienen que intervenir y generamos una solución que le hace la vida más fácil a la gente. Esta ordenanza es exactamente eso”.

La medida se inscribe dentro del plan presentado en diciembre de 2024, que articula distintas acciones para mejorar la circulación en la ciudad. En ese marco, ya se avanzó con la demarcación vial en zonas escolares y el reordenamiento del sistema de carga y descarga en el microcentro, sumando ahora una nueva regulación para este servicio específico.

Bernabei agregó que “lo que estamos haciendo es pensar el Estado desde adentro hacia afuera, primero la persona, después el trámite. El intendente Chiarella nos pide eficiencia, y eso significa que cuando alguien que necesita este servicio o quiere prestarlo se acerca al municipio, encuentre respuestas y un sistema que funcione. Con esta ordenanza, lo que antes tardaba meses y dependía de un cupo, ahora es un trámite digital con habilitación en tiempo real y competencia abierta”.

Precisiones

Uno de los cambios centrales es la eliminación de límites para la incorporación de prestadores. La ordenanza establece que no habrá cupos, lo que permite ampliar la oferta disponible, mejorar la cobertura y generar condiciones de competencia entre quienes brinden el servicio.

En cuanto a las tarifas, la norma dispone que se regirán exclusivamente por el Nomenclador Nacional de Prestaciones para Personas con Discapacidad, dejando sin efecto la intervención municipal en la fijación de precios.

Otro eje es la simplificación administrativa, ya que todo el proceso de habilitación será digital, con una vigencia de cinco años y posibilidad de renovación. Además, se reducen requisitos, manteniendo condiciones vinculadas a la seguridad y la idoneidad de los prestadores.

La ordenanza también incorpora un enfoque basado en las necesidades de los usuarios. Se establecen dos categorías de servicio: una para personas con movilidad reducida y otra para personas con discapacidad sin esa condición, con exigencias técnicas específicas en cada caso, como rampas, plataformas elevadoras, sistemas de fijación y superficies antideslizantes. A su vez, se exige capacitación obligatoria para los conductores.