Tribunales de Santa Fe
Abogado que lideraba banda de estafadores inmobiliarios fue beneficiado con domiciliaria
Se trata de Alfonso Storni, quien atraviesa un grave cuadro médico cuyo adecuado tratamiento no puede ser brindado por el Servicio Penitenciario. Cumplía prisión preventiva en la cárcel de Las Flores.
Ornella Pazzi
Esta semana la defensa del abogado Alfonso Storni solicitó en tribunales la excarcelación e imposición de prisión domiciliaria por motivos de salud. La jueza Celeste Minniti le concedió la morigeración.
El letrado se encontraba cumpliendo prisión preventiva en la cárcel de Las Flores, imputado como líder de una banda criminal que se dedicó a cometer estafas inmobiliarias en la ciudad de Santa Fe y alrededores.
La audiencia se concretó el pasado miércoles, durante la cual el abogado particular Claudio Torres Del Sel explicó que su cliente transita una enfermedad crónica que lo llevó a perder 40 kilos en los últimos siete meses, y que lo llevó a requerir una intervención quirúrgica.
Para la jueza Minniti el Servicio Penitenciario no logró brindarle un tratamiento adecuado a Storni, por lo que resolvió otorgarle la domiciliaria. Le prohibió salir de su domicilio, excepto para algún control de salud, así como contactar a los damnificados en la causa judicial que lo tiene bajo investigación.
La causa
Los fiscales Barbara Ilera y Federico Grimberg, de la Unidad de Delitos Complejos del MPA, dirigen el proceso judicial que ya tiene tres condenados mediante juicios abreviados: el corredor inmobiliario Agustín Storni, el comerciante Emiliano Lihuel Chacón y el martillero público Diego Marcelo Parisse.
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El resto de los imputados son el abogado Alfonso Storni -señalado como el jefe de la asociación ilícita-, el abogado Javier Andrés Cóceres, el jubilado Atilio Domingo Di Mattía y la ama de casa María Fernanda Guerra.
La fiscalía sostiene que la banda criminal que era dirigida por Alfonso Storni se mantuvo en el tiempo con la conformación de diferentes miembros. Primero, desde mediados de 2014 hasta noviembre de 2021, momento en el que se dividió en dos grupos. Los mismos siguieron operando hasta agosto de 2024.
Modus operandi
Oportunamente, Ilera arrojó luz sobre el modus operandi utilizado: "A través de las estructuras delictivas, le daban apariencia legal a la venta de terrenos cuyos legítimos propietarios no los habían autorizado a ofertar, publicitar ni transferir".
Así, "engañaron a personas interesadas en adquirir lotes ubicados en las ciudades de Santa Fe –tanto en la zona urbana como en Colastiné Norte–, Santo Tomé y Sauce Viejo, y en la comuna de Arroyo Leyes".
El fiscal Federico Grimberg, de la Unidad de Delitos Complejos. Crédito: Pablo Aguirre
La fiscal indicó que la oferta se realizaba por medios físicos -como cartelería- y digitales -como publicidades y publicaciones en redes sociales y páginas web con nombres de fantasía, que principalmente eran administradas por el condenado Chacón-.
Boletos y sello truchos
La asociación ilícita contaba con varias oficinas en la ciudad de Santa Fe en las que tenían instaladas sus “sedes comerciales”: Seguí 1.700; 4 de Enero 1.000; Bulevar Pellegrini 2.800; Juan de Garay 2.900; 9 de Julio 1.200; Hipólito Irigoyen 2.900, y una torre ubicada en la zona del Dique 2 del Puerto.
Las víctimas eran citadas a esas oficinas, donde se les exhibían planos y documentos relativos a los inmuebles ofrecidos y les proponían planes de pago y financiaciones competitivas en el mercado.
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En esa línea, la fiscalía sostuvo que "los grupos delictivos falsificaban boletos de compraventa y cesiones de derechos e insertaban declaraciones falsas en instrumentos privados y públicos, como otorgamiento de poderes", y detalló que "contaban con formularios y sellos apócrifos de organismos oficiales".
“Una vez que las víctimas accedían a concretar el negocio, los abogados imputados presentaban la documentación falsificada en los Juzgados Civiles y Comerciales de la ciudad de Santa Fe, con el fin de iniciar juicios ordinarios o de escrituración", relató Ilera, "así, lograron defraudar a diferentes magistrados que emitieron sentencias que revistieron de legalidad las maniobras delictivas".
En el marco de los engaños, numerosas personas les entregaron a los estafadores dinero en moneda nacional y extranjera, así como automóviles, camionetas y motocicletas, todo como parte de pago de lotes que finalmente no obtuvieron.
