Caso Adorni: la prueba de la coherencia

Por Ricardo Roccaro

Las declaraciones formuladas por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, respecto de su declaración jurada patrimonial y el reconocimiento de haber mantenido durante años parte de sus ahorros fuera de los circuitos formales volvieron a colocar en el centro del debate una cuestión que trasciende largamente a un funcionario y a una administración determinada.

Lo que se encuentra en discusión no es únicamente el origen de un patrimonio ni la consistencia de una declaración jurada, sino una cuestión más profunda: la relación entre las convicciones ideológicas, la ética pública y la calidad institucional.

La controversia adquiere una relevancia especial por la jerarquía del cargo involucrado. El jefe de Gabinete de Ministros no es un funcionario más. La reforma constitucional de 1994 le otorgó, a través del artículo 100 de la Constitución Nacional, la responsabilidad de ejercer la administración general del país.

Se trata de uno de los cargos de mayor importancia del esquema institucional argentino y, por lo tanto, de uno de los principales depositarios de la confianza pública aunque no haya sido elegido por el pueblo.

Precisamente por ello, los estándares de transparencia que recaen sobre quien ocupa esa función son necesariamente más exigentes. En las democracias republicanas, la autoridad política no se sostiene solamente sobre la legitimidad electoral, sino también sobre la capacidad de quienes gobiernan de demostrar, sin ambigüedades, la regularidad y trazabilidad de su patrimonio.

Las explicaciones brindadas por el hasta ahora jefe de Gabinete, acerca del origen de sus bienes y del mantenimiento de ahorros no declarados, generaron una intensa discusión pública. Pero también pusieron bajo la lupa ciertas contradicciones señaladas entre algunas de sus declaraciones periodísticas y las respuestas ofrecidas posteriormente durante su exposición ante la Cámara de Diputados.

Esas diferencias, más allá de las interpretaciones que puedan suscitar, forman parte de aquellos aspectos que la sociedad y los organismos de control observan cuando se trata de evaluar la transparencia de quienes ejercen responsabilidades públicas. Sin embargo, el caso no puede analizarse de manera aislada del contexto político en el que se desarrolla.

Desde su llegada al poder, el oficialismo construyó buena parte de su legitimidad sobre la promesa de impulsar una transformación cultural y moral de la política argentina.

La reivindicación de la austeridad, la transparencia y la recuperación de determinados valores republicanos fue presentada por el actual presidente y por sus principales colaboradores como uno de los pilares fundamentales del cambio propuesto.

En numerosas oportunidades, dirigentes del actual oficialismo sostuvieron que la Argentina necesitaba recuperar la moral como política de Estado, argumentando que la decadencia económica y social del país no podía separarse de un prolongado deterioro ético e institucional.

En ese contexto, las controversias vinculadas con las declaraciones patrimoniales de uno de los principales funcionarios del Gobierno inevitablemente adquieren una dimensión superior. Porque cuanto más elevada es la exigencia moral que un espacio político plantea hacia el sistema y hacia sus adversarios, mayor es también la expectativa social respecto del comportamiento de sus propios dirigentes.

La situación adquiere una complejidad adicional cuando se consideran algunas definiciones históricas del propio presidente. Mucho antes de llegar al poder sostenía, desde una visión filosófica vinculada al liberalismo más radical, que quien evade impuestos frente a una presión fiscal considerada confiscatoria podía ser visto como un "héroe".

La frase fue objeto de intensos debates. Sus partidarios la interpretaron como una crítica al tamaño del Estado y a la carga tributaria; sus detractores, en cambio, entendieron que podía transmitir señales ambiguas respecto del cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Pero las ideas y las discusiones filosóficas adquieren otra dimensión cuando se pasa del terreno teórico al ejercicio concreto del poder. Gobernar implica administrar recursos públicos y actuar dentro del marco de las normas vigentes. En ese sentido, la responsabilidad institucional exige estándares que trascienden las preferencias ideológicas de quienes circunstancialmente ejercen el gobierno.

Otro dato significativo es que los pedidos de claridad y transparencia no provinieron exclusivamente de la oposición. Dirigentes pertenecientes al mismo universo político que acompaña al Gobierno, entre ellos, la senadora Patricia Bullrich y el ex presidente Mauricio Macri, plantearon la necesidad de despejar cualquier duda y de ofrecer explicaciones exhaustivas.

Lejos de interpretarse necesariamente como una fractura política, esas posiciones pueden ser entendidas como una señal de que la rendición de cuentas debería constituir una exigencia transversal y no una bandera reservada únicamente para las disputas partidarias.

Por supuesto, el debate público tampoco debe transformarse en una condena anticipada. El respeto por las garantías constitucionales y por los procedimientos administrativos y judiciales constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho. La transparencia no implica sustituir a los organismos competentes ni reemplazar las pruebas por las presunciones.

Pero tampoco puede ignorarse que la confianza pública se construye sobre la coherencia entre las palabras y los hechos. Las contradicciones no necesariamente constituyen irregularidades, pero suelen afectar uno de los activos más valiosos de cualquier gobierno: su credibilidad.

La Argentina arrastra una larga historia de crisis económicas, inflación e informalidad estructural. Durante décadas, millones de ciudadanos desarrollaron mecanismos de supervivencia condicionados por la desconfianza hacia el Estado y por las distorsiones acumuladas del sistema económico.

Esa realidad explica muchas conductas que terminaron naturalizándose con el paso del tiempo. Sin embargo, aquello que puede resultar relativamente frecuente en la esfera privada adquiere una dimensión distinta cuando involucra a quienes tienen la responsabilidad de administrar el Estado.

Porque la función pública exige algo más que capacidad técnica o respaldo electoral. Exige ejemplaridad. Y cuanto mayor es la responsabilidad institucional, mayor es también el deber de rendir cuentas. Las democracias no se debilitan porque existan investigaciones, cuestionamientos o controversias.

Por el contrario, esos mecanismos forman parte de la normalidad republicana. Lo verdaderamente preocupante aparece cuando las exigencias éticas dejan de ser universales y pasan a depender de la identidad política de quien debe ofrecer las explicaciones.

La historia argentina muestra que ninguna fuerza política ha estado exenta de esa tentación. La doble vara, aplicada alternativamente por oficialismos y oposiciones, ha sido una de las causas que más contribuyeron al deterioro de la confianza ciudadana en sus dirigentes.

Las instituciones no se fortalecen cuando se exigen explicaciones a los adversarios. Se fortalecen cuando esas mismas exigencias alcanzan a quienes representan nuestras propias ideas y nuestras propias expectativas.

Al final, la prueba de la coherencia no la enfrenta solamente un funcionario, ni siquiera un gobierno, la enfrenta la sociedad en su conjunto. La decadencia de una república no comienza cuando aparecen las contradicciones; comienza cuando los ciudadanos dejan de exigir que quienes ejercen el poder vivan de acuerdo con los mismos principios que proclaman.

Por lo tanto, las preguntas más importantes que deja este episodio quizás no sean ¿qué hará el gobierno? o ¿qué resolverán los organismos de control? Sino... ¿qué clase de ciudadanía queremos tener?

¿Una sociedad que adapta sus principios a sus preferencias políticas partidarias, o una comunidad dispuesta a defender las mismas reglas y los mismos valores, incluso cuando resultan incómodos para aquellos en quienes eligió confiar?