Caso "Spagnuolo": sospechas de corrupción en la cúspide del poder político

Si Diego Spagnuolo no se declara arrepentido; si -en caso contrario- no tiene pruebas para involucrar a superiores en la estructura de gobierno; si el audio es ilegal para rechazarlo como evidencia admisible en la justicia; si no existen más audios o incluso videos…

Son demasiados condicionales. Pero el gobierno especulará con ir postergando en el expediente la veloz acción judicial del juez Sebastián Casanello, gesto que convalida la sospecha del sesgo de velocidad del magistrado, pero que no inhibe la legitimidad de lo actuado en el caso. Por el contrario.

Lo que haya en los teléfonos, el origen y destino de los US$266 mil dólares más $7 millones en el auto de Emmanuel Kovalivker, el rol del mayor accionista de la Suizo Argentina (Eduardo Kovalidker, que vive en Punta del Este) o lo que diga o calle el hermano mayor de ambos y presidente de la empresa, Jonathan.

Todo eso importa en la densidad de un expediente que pone en jaque al gobierno nacional en un plazo incierto, pero que no posterga la reacción de los mercados desde este mismo lunes.

Para los inversores financieros, la meca a la que quiere llegar Luis Caputo en su idea de rolear deuda con mayor plazo y menor tasa de interés, se anticipa en el Riesgo País. El propio Javier Milei ha puesto el "riesgo kuka" -el regreso de un gobierno populista que atenta contra el superávit fiscal- como impedimento para que ese riesgo baje.

El presidente confía en el antídoto electoral; como si nada hubiera pasado, afirmó en su discurso ante la Bolsa de Comercio de Rosario que en octubre su fuerza política "arrasa" a "sodomitas, orcos y kukas".

Los agentes financieros, que ya aprovechan las altas tasas de interés ofrecidas por el gobierno para calmar la volatilidad de su mal paso en la liberación de Lefis, observarán con desconfianza el caso Spagnuolo, porque atenta contra el poder del antídoto.

Karina Milei, Martín Menem y Eduardo Menem, fueron los armadores de las listas de La Libertad Avanza. Son los sospechados de un entramado de coimas que hace materia crítica para ser presentado en los medios, en medio de la campaña electoral, más allá de lo que vaya sucediendo en la causa judicial.

A la defensiva y tarde, apenas por boca de Guillermo Francos -que en principio no puso la mano en el fuego por nadie- se limitó el gobierno a señalar que "tienen que probarse hechos y nosotros creemos que no los hay. Y si los hubiera, el responsable de los hechos tendría que estar preso. Tendría que ser procesado y sentenciado".

La teoría conspirativa electoral que ensaya la Casa Rosada, se basa en los tiempos largos de una justicia que dilucidará las cuestiones decisivas (si lo hace) más allá de la fecha electoral de octubre.

Pero no hubo un rechazo claro de los hechos denunciados; y las versiones involucran al "jefe", que es lo mismo que decir al presidente. Es difícil concebir una estrategia en la que el gobierno pueda distanciarse de eventuales responsables… ¿dónde aplicaría la motosierra para amputar la gangrena?

Es curioso… por estas horas el único bálsamo para el oficialismo provino del historiador Roy Hora, un sociólogo del Conicet que no puede ser identificado como libertario.

"Desde 1983, ningún oficialismo perdió elecciones por escándalos de corrupción, por más graves que éstos fueran. No afectó a ningún gobierno, ni siquiera a los de Menem o los Kirchner, que llevaron esta práctica a un umbral superior, y fueron ampliamente denunciados por ello".

Una suerte de premio consuelo en un camino estrecho para un gobierno políticamente débil, en el que su base macroeconómica estará expuesta al voto de los mercados, ante bancos locales molestos porque se les inmovilizan los millones que supieron conseguir del Estado en tiempos de alta inflación y déficit. Todo eso, mucho antes de las urnas.