Cinco años de prisión para un hombre que amenazó y agredió a un funcionario de Villa Cañás
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Marcelo Ariel Rodríguez aceptó su responsabilidad penal por amenazas coactivas agravadas, lesiones leves y un intento de hurto. Uno de los hechos tuvo como víctima al secretario de Gobierno, Cándido Santa Cruz.
El Ministerio Público de la Acusación solicitó la homologación de un procedimiento abreviado mediante el cual Marcelo Ariel Rodríguez aceptó su responsabilidad penal por una serie de delitos cometidos en Villa Cañás y la región. El acuerdo contempla una pena única de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo.
Entre los hechos atribuidos se encuentra un grave episodio ocurrido el 7 de junio de 2026, cuando Rodríguez interceptó en la vía pública al secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa Cañás, Cándido Santa Cruz, para exigirle la eliminación de multas de tránsito que pesaban sobre su hijo.
De acuerdo con la investigación, el acusado se encontraba acompañado por su hijo cuando abordó al funcionario municipal. En ese contexto, lo amenazó de muerte y luego lo agredió físicamente, provocándole lesiones que fueron constatadas por personal médico.
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Amenazas, agresión y pedido por multas
El ataque contra Santa Cruz fue considerado uno de los hechos de mayor gravedad dentro del legajo. Según la acusación, la agresión tuvo como finalidad condicionar el accionar del funcionario público mediante violencia e intimidación, en reclamo por infracciones de tránsito.
La pesquisa reunió una importante cantidad de elementos probatorios, entre ellos la denuncia de la víctima, informes médicos, actuaciones policiales y registros de cámaras del Centro de Monitoreo Municipal.
Las imágenes permitieron reconstruir la secuencia del episodio y corroborar la agresión denunciada por el funcionario.
Otro hecho incluido en el acuerdo
El procedimiento abreviado también comprende un hecho anterior, ocurrido en agosto de 2023, vinculado con un intento de sustracción de autopartes en el Puesto Policial de Santa Emilia.
Según se informó, ese episodio fue cometido junto a otras personas, entre ellas un menor de edad. Por ese motivo, dentro del acuerdo también se incluyó la figura de intento de hurto agravado por la participación de un menor.
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La calificación legal
Rodríguez aceptó su responsabilidad penal por delitos que incluyen amenazas coactivas agravadas, lesiones leves dolosas y tentativa de hurto agravado por la participación de un menor de edad.
La pena acordada entre las partes es de cinco años de prisión efectiva, aunque resta la homologación judicial del procedimiento abreviado presentado por la Fiscalía.
“Una respuesta penal firme”
Desde la Fiscalía destacaron que el caso representa un mensaje claro frente a hechos de violencia dirigidos contra funcionarios públicos.
En ese sentido, remarcaron que las amenazas, agresiones e intentos de condicionar decisiones administrativas mediante intimidación deben recibir una respuesta penal acorde a su gravedad.
También subrayaron que la persecución de este tipo de conductas no solo apunta a proteger la integridad física de las víctimas, sino también el normal funcionamiento de las instituciones públicas y el principio de igualdad ante la ley.
Investigación a cargo del MPA
La investigación estuvo a cargo de la fiscal adjunta del Ministerio Público de la Acusación, Larisa Celeste Barucca, quien reunió la evidencia que permitió acreditar los hechos y alcanzar el acuerdo de procedimiento abreviado.
Con esta actuación, el MPA reafirmó su compromiso con la persecución de delitos cometidos mediante violencia e intimidación contra funcionarios públicos, buscando garantizar una respuesta judicial proporcional a la gravedad de los hechos investigados.
