Una medida inédita en el sur santafesino
Demolieron búnkers en Venado: “Por fin no vamos a tener que venir más a este domicilio"
El operativo fue ordenado por la Justicia provincial tras una denuncia del intendente Leonel Chiarella.
En una acción considerada inédita en la región, dos viviendas utilizadas como búnkers narco fueron demolidas en la zona sur de Venado Tuerto. La medida fue impulsada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) a partir de una denuncia presentada en enero por el intendente Leonel Chiarella, tras múltiples reclamos de vecinos que advertían sobre la venta de drogas en esa zona.
“Era un lugar que había sido allanado al menos seis veces en los últimos dos años, tanto por la Justicia provincial como federal. Se convirtió en un punto emblemático del delito en Venado”, afirmó Nahuel Pasquinelli, delegado del Ministerio de Seguridad provincial en el sur santafesino. El funcionario remarcó que, si bien las viviendas eran precarias, estaban ubicadas en el “corazón del barrio”, lo que las convertía en un foco constante de violencia, consumo y tráfico de estupefacientes.
Cabe recordar que la denuncia original, ingresada por el intendente Chiarella en representación de vecinos que temían hacerlo con nombre y apellido, dio inicio a una investigación bajo el nuevo marco legal de la Ley de Microtráfico. A partir de allí, el fiscal Iván Raposo encabezó una serie de tareas de inteligencia: escuchas telefónicas, vigilancia encubierta y constatación del movimiento en el lugar. Todo permitió confirmar que las propiedades eran utilizadas exclusivamente para comercializar drogas.
El operativo, ejecutado este miércoles, incluyó tres allanamientos simultáneos en domicilios ubicados en calle Pavón al 1880 (vereda par e impar) y en Marenghini al 300. Como resultado, se detuvo a seis personas, se incautó cocaína, marihuana, balanzas de precisión, teléfonos celulares, una réplica de pistola, anotaciones contables y otros elementos vinculados al narcomenudeo. Cinco de los detenidos quedaron con prisión preventiva.
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La demolición
Tras la detención, se realizó una audiencia en la que el fiscal solicitó la “inactivación coercitiva” de las propiedades, es decir, su demolición, fundamentando que eran terrenos propiedad del municipio —adquiridos por prescripción adquisitiva— y que habían sido utilizados exclusivamente para delinquir. Ni los defensores públicos ni los ocupantes actuales de las casas opusieron objeciones. “Algunos dijeron que llevaban un día viviendo allí, otros ni siquiera sabían de quién era la casa. No había una defensa posible”, explicó Pasquinelli, destacando la decisión del gobierno provincial, a través del ministro de Justicia y Seguridad Pablo Cococcioni, en la lucha contra el delito y el narcotráfico. .
El juez autorizó la demolición, que fue llevada adelante con maquinaria del municipio. “Las construcciones estaban enfrentadas, sobre un terreno que no está subdividido catastralmente. Legalmente son parte de una gran parcela municipal”, detalló el funcionario.
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Un símbolo para el barrio
“El efecto que causó esto en el barrio fue muy fuerte. Estábamos rodeados de chicos y adolescentes. Ver que esas casas —donde se vendía droga y se escondían autores de robos o tiroteos— desaparecieran delante de sus ojos fue un mensaje muy claro”, señaló Pasquinelli. La demolición no solo apuntó a desarticular el negocio del narcomenudeo, sino también a recuperar el espacio público y devolverles seguridad a los vecinos.
Otros operativos en evaluación
El delegado del Ministerio de Seguridad confirmó que hay otras propiedades en la mira. “Estamos trabajando en muchos casos más. No todos terminarán con una demolición, pero si se comprueba que se usan exclusivamente para delinquir, vamos a actuar”, sostuvo. Y agregó: “Este es el primer antecedente en el sur de la provincia. A partir de ahora, nos permite avanzar con mayor firmeza cada vez que la situación lo amerite”.
Por último, destacó el rol que cumple la Ley de Microtráfico, sancionada hace poco más de un año, que habilita a la justicia provincial a intervenir en causas por venta de drogas a pequeña escala. “Antes todo debía pasar por la Justicia Federal. Hoy, con esta herramienta, tenemos capacidad de respuesta rápida y directa”, concluyó.
