Producción y autonomía municipal
El campo santafesino se involucra en la reforma constitucional
La Mesa de Enlace apunta contra restricciones precautorias sin base científica. La discusión interpela fuerte a la propiedad privada, el medio ambiente y el desarrollo de Santa Fe.
El uso de fitosanitarios en el entorno de Ramayón se rige por la ley provincial 11273 (es variable según la potencia del principio activo). En San Justo no puede ser menor a 1000 metros por imperio de un fallo de la justicia santafesina, y en Escalada la restricción en el entorno urbano es de 500 metros para cualquier tipo de agroquímico.
En menos de 25 kilómetros del territorio santafesino, tres disposiciones diferentes interpelan las autonomías municipales, los derechos ambientales, la salud humana y el desarrollo productivo. Fue apenas uno de los disparadores -lo presentó el convencional electo Rodrigo Borla, UCR San Justo- en el debate propuesto por la mesa de enlace de Santa Fe, con la asistencia de una decena de convencionales.
El rol del campo
"El campo santafesino se involucra en la reforma constitucional", fue el título de la convocatoria de las cuatro mujeres que integran la mesa de enlace santafesina, integrada por Soledad Diez de Tejada, representante de la Sociedad Rural Argentina; Sara Gardiol, titular de Carsfe; Laura Llopi de Coninagro y Andrea Sarnari, presidente de la Federación Agraria Argentina.
Una extensa mesa de convencionales electos respondió a la convocatoria de la Mesa de Enlace en la Sociedad Rural de Santa Fe.
Las fricciones entre producción y medio ambiente con los arbitrios dispares del Estado en sus diversos estamentos, fueron parte del ambicioso temario propuesto. Uno que excedió el tiempo y la multiplicidad de actores. La producción está planteando el reconocimiento del desarrollo rural sostenible, compatible con la "productividad".
Reclama en esa línea la "presunción de legalidad" de sus actividades y "evidencia científica" para establecer limitaciones. Quiere evitar la aplicación de "principios precautorios" que paralizan la actividad.
Ricardo Argenti, presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe -en cuya sede se desarrolló la actividad- advirtió en la bienvenida a los asistentes que "la población no ha tomado dimensión" de la convocatoria histórica de la reforma, y llamó a un debate que aporte a los convencionales para su mejor propósito.
Un debate de alta densidad
Esteban Motta, senador provincial por San Martín, rescató el concepto de "buenas prácticas agropecuarias" y la "falsa dicotomía entre ambiente y producción", sobre todo a partir de nuevas tecnologías y advirtiendo que en materia ambiental la contaminación decisiva es la urbana.
Una completa platea de productores siguió con atención el debate. Y aplaudió toda mención a la baja de los costos de la política, en especial de los subsidios en manos de legisladores provinciales.
Silvia Malfesi -convencional libertaria por Somos Vida y Familia- reclamó que "lo no prohibido está permitido" y recordó que "la Constitución nace para limitar el poder". Reseñó que el actual artículo 28 promueve la producción protegiendo suelo, flora y fauna bajo el principio de propiedad privada, y advirtió que "la reglamentación no puede destruir un derecho".
Javier Meyer, intendente de Las Rosas por La Libertad Avanza, señaló que el tema en discusión incluye el de la calidad del agua -por el que el municipio debe velar- pero también apuntó que la autonomía municipal es "un mamarracho" y apuntó contra la pretensión de incluir fueros laborales en el futuro texto constitucional.
El socialista Julio Garibaldi destacó el espacio que genera "intercambios y participación"; sostuvo que "toda actividad humana es contaminante" y apuntó al desafío de promover "sustentabilidad social y ambiental" en la actividad productiva. "Los problemas se resuelven con desarrollo armónico", definió.
Joaquín Blanco reconoció que existen leyes contradictorias. El economista del socialismo recordó ser autor de la ley de Buenas Prácticas Agrícolas o de Seguro Multirriesgo. Habló de la "oportunidad de darle seguridad jurídica al sector privado" y se preguntó sobre el rol de las comunas sin capacidad técnica para dar respuesta a los dilemas que se presentan.
La abogada Elizabet Vidal (LLA) puso el énfasis en la necesidad de definir el régimen de competencias entre provincias y municipios.
Lucila Lehmann recordó que en su paso como legisladora le tocó afrontar la "estigmatización" de productores agropecuarios por los incendios en las islas, por lo que apuntó contra la "militancia de la producción anti agropecuaria" y las "ordenanzas restrictivas para la producción", que "ocasionan grandes pérdidas".
Por último Juan Argañaraz, el diputado del bloque Inspirar, refirió que ese escenario es "una locura" y apuntó a la convención como una "oportunidad para ordenar" la relación del sector productivo y las zonas urbanas.
