Fin de época: el sistema de salud argentino se está vaciando

(*) Por Dr. Carlos Alberto Díaz
 

Hay momentos en la vida de las instituciones en que el diagnóstico ya no alcanza. Se puede seguir describiendo el deterioro con la precisión de un informe técnico, se pueden alinear cifras, comparar sistemas, citar la literatura, y aun así quedarse corto frente a lo que realmente está pasando: esta no es una crisis más del sistema de salud argentino. Es el cierre de una época. La época del aseguramiento social solidario, la del «todos cubiertos, todos iguales», se está terminando ante nuestros ojos, en silencio, sin que nadie la haya decretado, sin que nadie se haga cargo.

Quienes trabajamos en el interior del sistema —en la gestión, en la clínica, en la provisión, en la prestación, en la auditoría, en las redes, en la docencia— lo sentimos en el cuerpo antes que en los números. Se vacía en una letanía dolorosa y generadora de muertes evitables. No de un día para el otro, sino con la lentitud de lo que se drena por una fisura que nadie quiere ver. Y como en todo fin de época, hay ganadores y hay perdedores. Conviene decirlo sin eufemismos, empezando por quienes más tienen que perder: los pacientes. Tengo la sensación de la parábola de la rana hervida. No podremos salvarnos.

¿Los pacientes primero? ¿la salud como privilegio de cartera?

La verdad incómoda que este editorial no va a esquivar es la siguiente: hoy, en la Argentina, tener un prepago —o una obra social de las que todavía funcionan como tales— es tener acceso a un buen servicio de salud. No tenerlo es entrar en una fila. Esa fila tiene nombre: lista de espera visible y oculta. Y esa lista de espera tiene consecuencias clínicas concretas, no administrativas: más infartos que llegan tarde al balón, más accidentes cerebrovasculares sin ventana terapéutica, más insuficiencias renales que debieron prevenirse, más cirugías que se posponen hasta que el paciente empeora.

El sistema no lo va a anunciar en un comunicado. Simplemente va a ocurrir, prestación por prestación, turno por turno. Y la respuesta institucional frente a eso, hay que decirlo también, va a ser la de siempre: nada. Ninguna épica, ninguna reforma de fondo, solo la administración silenciosa de la escasez.

La pregunta que el sistema evita: Si el acceso a un buen resultado clínico depende cada vez más de la cobertura que uno puede pagarse, ¿en qué sentido seguimos llamando «sistema de salud» a lo que en los hechos ya funciona como un mercado segmentado por capacidad de pago?

El presupuesto público, mientras tanto, no es un colchón infinito

El presupuesto público, mientras tanto, no es un colchón infinito: depende de la recaudación fiscal, que cae en la misma proporción en que cae la actividad económica.

El círculo se cierra sobre sí mismo: menos empleo formal, menos aportes, menos recaudación fiscal, menos presupuesto público, más gasto de bolsillo, más pacientes sin cobertura efectiva. Cada eslabón empuja al siguiente hacia abajo.

Hay un capítulo dentro de esta ecuación que merece mención aparte, porque agrava por sí solo el desfinanciamiento de las obras sociales: la incorporación obligatoria de los monotributistas al sistema.

El aporte que un monotributista destina a su cobertura de salud ronda hoy los 19.750 pesos, apenas el veintidós por ciento de lo que cuesta financiar el Programa Médico Obligatorio.

La propia Confederación General del Trabajo lo ha planteado en estos términos en su diagnóstico sobre la situación de las obras sociales, señalando que el aporte de los monotributistas es varias veces inferior al costo real del PMO y que, además, quienes ingresan por esta vía suelen presentar una carga de enfermedad igual o mayor a la de los afiliados que aportan por relación de dependencia (CGT, 2026).

El resultado no es un detalle contable: cada monotributista que se suma al padrón sin que su aporte cubra el costo de su propia cobertura empuja hacia abajo la cápita media del conjunto de la obra social, obligándola a financiar esa diferencia con lo que aportan los afiliados formales.

Es, en los hechos, otra forma en que la solidaridad del sistema se transforma en subsidio cruzado no reconocido, silencioso y creciente.

PAMI: el síntoma más visible de un mal estructural

El PAMI no es una anomalía aislada: es el síntoma más visible de un mal estructural, porque concentra en un solo organismo todas las tensiones del resto del sistema.

Déficit crónico, dificultad creciente para sostener prestaciones, una población beneficiaria que envejece y demanda más justo cuando el financiamiento demanda menos.

No hay indicios de que esa tensión se resuelva sola, ni de que exista hoy una decisión política de resolverla de fondo.

El mercado de medicamentos: la negociación que no tenemos

A esta ecuación financiera ya insostenible se le suma un factor que la agrava sistemáticamente: el costo de los medicamentos.

Cada vez se usan más fármacos, y los que sustituyen a los anteriores son, sistemáticamente, más costosos.

El estándar internacional de veinte años de protección de patente (ADPIC/TRIPS) ya es, de por sí, un plazo largo frente a la necesidad de acceso; en la práctica argentina, además, el tiempo efectivo de exclusividad se ha extendido en los últimos años en lugar de acortarse (CAEME, 2024), postergando el ingreso de genéricos que aliviarían la presión sobre el gasto.

Y cuando la Argentina intenta correr ese límite, aunque sea un poco, la respuesta de los intereses comerciales globales —con Estados Unidos a la cabeza— no es la negociación: es la presión.

Los criterios de patentabilidad relativamente restrictivos que el país adoptó para limitar extensiones monopólicas abusivas y favorecer el acceso a genéricos están hoy bajo una presión internacional creciente para alinearse con estándares más favorables a las corporaciones multinacionales (Fundación Soberanía Sanitaria, 2026).

El acuerdo comercial reciente entre la Argentina y Estados Unidos exige, entre otras cosas, extender los plazos de exclusividad de datos y habilitar prórrogas adicionales sobre los veinte años estándar de patente, lo que retrasa aún más el acceso a genéricos y sostiene precios altos (Asociación Acceso Justo al Medicamento, 2026; Díaz, 2026b).

Se recupera la posición ganada y se vuelve a presionar. No tenemos, hoy, poder de negociación real frente a esa dinámica.

Y sin ese poder, cada actualización del vademécum es, en los hechos, una transferencia de recursos desde un sistema que ya no tiene margen hacia una industria que no está dispuesta a cederlo.

Buenos resultados, mal gastados: la ineficiencia como enfermedad crónica

Conviene ser justos en el diagnóstico: la salud en la Argentina, en términos absolutos, es buena.

El problema no es la ausencia de capacidad técnica ni de recursos humanos formados. El problema es que los resultados que obtenemos son sistemáticamente inferiores a los que el gasto debería producir.

Se gasta más de lo que se obtiene.

Esto no es una particularidad local: la Organización Mundial de la Salud estima, de manera global, que entre el veinte y el cuarenta por ciento del gasto sanitario se desaprovecha por ineficiencia, concentrado en recursos humanos mal asignados, uso irracional de medicamentos y fallas operativas en los servicios (OMS, 2010).

Hay sectores del sistema argentino que se ubican en el extremo superior de ese rango, con más del treinta por ciento de ineficiencia (Díaz, 2025), un número que no es un margen de error contable sino una fuga estructural de recursos que, si se corrigiera, cambiaría por completo la conversación sobre financiamiento.

No una crisis, sino varias, a la vez

Es un error de diagnóstico —y un error político— hablar de «la» crisis del sistema de salud argentino, en singular.

No hay una sola crisis: hay varias, simultáneas, que involucran a instituciones distintas y que rara vez se miran en conjunto.

La ANMAT y su capacidad regulatoria.
La evaluación de tecnología sanitaria, todavía incipiente frente a la velocidad de la innovación.
Los laboratorios, entre la presión de precios y la de patentes.
Las sociedades científicas, que deberían fijar estándares y muchas veces llegan tarde.
La logística de insumos, con dificultades reales para distribuir recursos y mantener operativos a los efectores en todo el territorio.

Cada una de estas crisis, por separado, sería gestionable.

Juntas, y sin coordinación entre los ministerios y organismos que las administran, son la razón por la que ninguna reforma parcial alcanza.

Un endeudamiento de 20 años que nadie quiere pagar

Los efectores del sistema —hospitales, clínicas, sanatorios— arrastran un endeudamiento que en muchos casos supera las dos décadas.

No es un problema de coyuntura: es estructural, y regularizarlo exigiría una reestructuración profunda de la matriz de costos que el sistema, tal como está financiado hoy, no tiene con qué costear.

Las propias entidades que agrupan a estos efectores —CADIME, ADECRA+CEDIM y CONFECLISA, reunidas en CONAES— vienen advirtiendo desde hace años sobre esta situación, señalando que sus ingresos dependen de aranceles cristalizados y de condiciones financieras que les son impuestas, sin que sean ellas mismas formadoras de precios ni intermediarias económicas (CONAES, 2026).

La solución obvia —que de ahora en más los efectores paguen puntualmente todas sus obligaciones impositivas y no generen deuda nueva hacia adelante— es correcta como principio y casi inaplicable como política, si no se resuelve primero la brecha entre lo que el sistema recauda y lo que el sistema necesita gastar para funcionar sin acumular pasivos.

Hacia una concentración caníbal

Si nada de esto se corrige, el destino más probable del sistema no es el colapso súbito, sino algo más lento y en cierto modo más preocupante: una concentración caníbal.

Las obras sociales tal como las conocimos —con historia, identidad, arraigo sectorial— van a desaparecer, absorbidas unas por otras o simplemente vaciadas de afiliados y de sentido, sin que existan estructuras institucionales, empresas o figuras jurídicas preparadas para sustituirlas.

Y cuando eso ocurra, los afiliados de las obras sociales que desaparezcan no van a tener adónde ir, porque no hay planificado ningún mecanismo de reasignación.

La cobertura no se transforma: simplemente deja de estar, para quien no pueda pagarla por otra vía.

El cambio cultural, antes que el cambio normativo

La prestación pública puede mejorar. De eso no tengo dudas.

Pero no va a mejorar solo con presupuesto, ni solo con una nueva ley, ni con un decreto que reordene competencias entre la Nación y las provincias.

Lo primero que hay que aceptar —y esta es, quizás, la frase más difícil de todo este editorial— es que se necesita un cambio.

No un ajuste, no una reforma cosmética, no una readecuación de aranceles: un cambio cultural en la forma en que el sistema entiende su propia función.

Mientras sigamos discutiendo el financiamiento sin discutir el modelo de atención, la eficiencia sin discutir la gobernanza, y la cobertura sin discutir qué estamos dispuestos a garantizar como sociedad, vamos a seguir gestionando la agonía de una época en lugar de construir la que viene.

La salud, en la Argentina, se está vaciando de contenidos, de espíritu, de vocación

La salud, en la Argentina, se está vaciando de contenidos, de espíritu, de vocación.

No porque falten profesionales dispuestos a ejercerla con vocación —los hay, y son mayoría—, sino porque el sistema que los rodea ya no les ofrece el marco institucional, financiero y regulatorio para que esa vocación se traduzca en resultados.

Ese es, en definitiva, el verdadero fin de época: no el de una obra social o un prestador en particular, sino el de una forma de entender la salud como derecho garantizado que, sin una decisión política y social explícita de sostenerla, se convierte silenciosamente en un privilegio de cartera.

El aviso ya está dado.

Lo que sigue depende de si, como sistema, aceptamos que hace falta cambiar, o si preferimos seguir administrando, prestación por prestación, la desaparición de lo que alguna vez quisimos construir.

(*) Director de la Especialización en Economía y Gestión de la Salud de la Universidad ISALUD