Imputaron al ex presidente comunal de San Eduardo por 9 hechos y recuperó la libertad
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Leandro Rinaldi no podrá acercarse a menos de 1.000 metros de su ex pareja. Y tiene prohibido el ingreso a Venado.
El expresidente comunal de San Eduardo (2021-2025), Leandro Rinaldi, fue imputado por nueve hechos delictivos durante una audiencia realizada este jueves en los tribunales de Venado Tuerto.
Parte de los episodios investigados se encuentran vinculados a denuncias por presunta violencia de género contra su expareja. Tras permanecer detenido desde el fin de semana, Rinaldi recuperó la libertad mediante un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa, aunque deberá cumplir una serie de medidas restrictivas.
La resolución judicial incluyó una caución de 3 millones de pesos, prohibiciones de acercamiento, limitaciones para ingresar a determinados sectores de Venado Tuerto y la colocación de un dispositivo electrónico dual.
Los delitos atribuidos
La imputación fue presentada por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación María Florencia Schiappa Pietra. Rinaldi fue asistido por su abogada defensora particular, Ana Regidor.
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Fuentes del caso indicaron a Sur24 que durante la audiencia, los nueve hechos fueron calificados provisoriamente como:
- Lesiones leves dolosas.
- Amenazas coactivas.
- Daño simple.
- Actos turbatorios y molestias.
- Desobediencia a un mandato judicial.
- Amenazas simples.
La calificación legal es provisoria y podrá modificarse durante el avance de la investigación. En tanto, Rinaldi decidió no prestar declaración en esta instancia del proceso.
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Caución de $3 millones
Luego de la formulación de cargos, la Justicia dispuso la libertad del exmandatario comunal bajo estrictas reglas de conducta acordadas entre las partes.
Entre las medidas establecidas se encuentra la obligación de presentar, dentro del plazo fijado, dinero o bienes libres de gravámenes por un valor de $3 millones.
También deberá acreditar semanalmente ante la comisaría de San Eduardo su situación laboral y su arraigo, además de informar previamente al Ministerio Público de la Acusación cualquier modificación de domicilio.
La libertad quedó condicionada, además, a la entrega en dependencias de la Policía de Investigaciones de un arma de fuego de la cual sería legítimo tenedor.
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Restricciones de acercamiento
El tribunal ordenó que Rinaldi mantenga una distancia mínima de 1.000 metros respecto de su expareja. También se fijaron restricciones de 300 metros en relación con otras dos personas involucradas en el expediente.
La prohibición alcanza tanto al contacto personal como a cualquier comunicación realizada por medios digitales, telefónicos o a través de terceras personas, salvo las intervenciones que puedan ser autorizadas por el Juzgado de Familia.
Cualquier eventual régimen de comunicación relacionado con la hija que tienen en común deberá concretarse mediante una persona intermediaria y de acuerdo con las disposiciones del fuero de Familia.
Dispositivo dual y botón antipánico
Como parte de las medidas de protección, la Justicia ordenó instalar un dispositivo dual de geolocalización a Rinaldi y entregar el equipo correspondiente a su expareja.
El sistema genera una alerta automática cuando la persona monitoreada ingresa en el radio de exclusión establecido judicialmente.
Además, se dispuso la entrega de un botón antipánico a otra de las personas protegidas por las restricciones.
La implementación de estos mecanismos estará a cargo del Ministerio Público de la Acusación.
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Limitaciones para circular por Venado Tuerto
Hasta que los dispositivos de protección se encuentren instalados, Rinaldi tendrá prohibido ingresar a una amplia zona urbana de Venado Tuerto delimitada por las rutas nacionales 8 y 33 y por el camino que rodea la ciudad entre ambas vías.
La medida también alcanza temporalmente a determinados vehículos vinculados con su entorno. Una vez colocado el dispositivo dual y entregado el botón antipánico, podrán circular nuevamente por el sector, aunque continuarán vigentes las distancias mínimas de acercamiento.
Tratamiento para el control de la ira
Otra de las condiciones impuestas consiste en acreditar, dentro de los diez días hábiles, el inicio de un tratamiento profesional relacionado con el manejo de la ira.
El abordaje podrá realizarse en una institución pública o privada elegida por el imputado.
El incumplimiento de cualquiera de las reglas podría derivar en la revisión de su libertad y en la aplicación de medidas cautelares más severas.
La causa continuará bajo investigación del Ministerio Público de la Acusación. La imputación no implica una condena y Rinaldi conserva su estado de inocencia mientras no exista una sentencia judicial firme.

