Juzgar a los menores como si fueran mayores no resuelve el problema

Por Luciana Mazzei

Hace unos días, nuevamente el debate acerca de bajar la edad de imputabilidad de los menores de 16 a 13 años se hizo presente en los medios con opiniones a favor y en contra. Es innegable que un hecho delictivo genera enojo e impotencia en la sociedad.

Todos en algún momento hemos sido víctimas de algún acto de delincuencia y en algunos casos se han perdido vidas como consecuencia de ello, con el dolor que ello conlleva.

La frase "a delitos de adultos, penas de adultos" deja entrever la incapacidad de la sociedad para analizar el problema más allá del hecho concreto. Lo cierto es que juzgar a los menores como si fueran mayores no resuelve el problema, muy por el contrario, lo agrava. Me permito entonces hacer un análisis un poco más profundo y detallado sobre el tema, abordándolo desde distintas miradas.

En principio, en un sistema penal donde las cárceles están colapsadas y la violencia instalada, es impensable que adolescentes de 13 o 14 años puedan siquiera pensar en el daño que hicieron y salir de allí con la convicción de no volver a delinquir. Es sabido que en nuestro país las cárceles tienen más un objetivo punitorio que uno tendiente a la reinserción social de los delincuentes.

Por otro lado, gracias a los avances en neurociencias sabemos que el lóbulo frontal del cerebro, encargado de la autorregulación y la toma de decisiones, termina de desarrollarse alrededor de los 25 años.

Esto no implica que sean inconscientes, sino que, de acuerdo con la madurez de cada individuo y a los estímulos que haya recibido desde la concepción, las habilidades que aporta esta parte del cerebro se van desarrollando paulatinamente y con el apoyo de adultos que sean capaces de enseñar a regularse y ser criteriosos.

En ámbitos sociales de vulnerabilidad, donde los bebés nacen con serios déficits nutricionales, crecen con esas mismas carencias y, además, el delito es moneda corriente, es casi imposible pensar en que un adolescente sepa discernir lo que es un delito de lo que no lo es. A esto se suma la propia incapacidad de los adultos que los educan.

Ellos mismos, en muchos casos, no han logrado el desarrollo pleno de sus habilidades morales y no cuentan con los recursos personales para educar a otros. La delincuencia se transmite de padres a hijos como forma de vida y de obtener los recursos necesarios.

Son niños que nacen en condiciones desfavorables, la mayoría en condiciones de desnutrición fetal, porque ya sus madres están mal alimentadas, la consecuencia es que sus cerebros ya están en desigualdad de condiciones para desarrollarse plenamente frente a otros niños.

La violencia y el abuso son moneda corriente y en sus hogares robar, matar y consumir es lo cotidiano. Pocos logran terminar la escolaridad y quienes lo hacen acarrean importantes déficits de aprendizaje, y esto se debe a la falta de desarrollo cerebral, van a la escuela cuando pueden y no cuentan con adultos que puedan acompañar sus procesos de aprendizaje.

En estas condiciones lo que aprenden es que robar es la forma de tener un plato de comida y que la vida no vale demasiado. Crecen en contextos sociales donde los valores no existen y solo se sobrevive como se puede a la pobreza estructural que domina sus hogares. Muchos argentinos hemos sido y somos víctimas de delitos.

Pero estos niños también lo son. Víctimas de un sistema que los ve, pero mira para otro lado, que emparcha el hambre con subsidios que no logran callar sus pancitas vacías, siempre usaron ropa usada, mochilas rotas y bicicletas viejas. La solución no es fácil. Son décadas de desamparo, desigualdad y maltrato familiar.

Es imperioso que se promuevan políticas donde las familias recuperen el valor por el trabajo y el esfuerzo, que los padres aprendan a ser padres y recuperen su rol de primeros educadores.

La respuesta es proveer a estos niños un ámbito donde prime el amor y el respeto por la persona, donde puedan desarrollarse física, psíquica y espiritualmente. Donde reciban una educación en valores que les permitan ser personas de bien, que valoren el esfuerzo y la cultura del trabajo.

De nada sirve encerrarlos en cárceles donde van a vivir en la violencia y el desamparo. Es necesaria una política que promueva el desarrollo personal y la cultura del trabajo, de lo contrario estamos tapando el sol con la mano sin resolver el problema de fondo.

(*) La autora, santafesina radicada en la ciudad de Rafaela, es magíster en Orientación Familiar.