Megaestafa 2: el juez Orso respondió a las críticas recibidas por su fallo

El juez de la Cámara Penal, Tomás Orso ofreció detalles sobre su reciente fallo que determinó la prescripción de la acción penal en el caso conocido como Megaestafa 2, un proceso de gran repercusión pública que involucra a Antonio Di Benedetto y otros imputados. Orso destacó que las decisiones judiciales deben ser fundamentadas exclusivamente en el derecho y los hechos, sin ser influenciadas por presiones externas, y argumentó que en este caso, el plazo legal para que se avance en la causa ya había vencido.

El magistrado comenzó explicando que la ley establece plazos específicos para la prescripción de los delitos, en este caso las estafas imputadas a Di Benedetto, cuya acción penal tiene un tiempo de seis años para ser procesada. “Si no hay actividad procesal en ese tiempo, el caso se considera prescripto. En este caso, pasaron más de seis años desde la comisión de los hechos y la acusación se formuló mucho después del plazo legal”, afirmó Orso.

El juez también hizo un recorrido sobre la historia del caso, mencionando que la Megaestafa 2 es una extensión de una causa anterior, la Megaestafa Inmobiliaria, en la que Di Benedetto ya había sido condenado a 12 años de prisión. Orso señaló que su intervención en esta causa no fue para beneficiar ni perjudicar a las partes, sino para aplicar lo que el derecho establece en función de los plazos y las circunstancias del caso.

Orso se refirió también a las críticas que recibió, particularmente las de Matías Merlo, fiscal que estuvo a cargo del caso, y Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto, quienes calificaron su decisión como “locura jurídica” o “arbitrariedad”. En respuesta, el juez de Cámara destacó que su fallo se basó en su propia interpretación del derecho y que su criterio ya había sido expresado en otros casos previos. “Este no es un criterio nuevo, lo he sostenido en causas anteriores. Los jueces debemos ser coherentes con nuestras decisiones, y si no hay cambios en la ley ni en las circunstancias, no podemos modificarlas arbitrariamente”, planteó.

Seguidamente, abordó el tema de la presión pública y política. “Somos conscientes de que las decisiones judiciales pueden ser cuestionadas, y los jueces debemos estar preparados para ser interpelados. Sin embargo, estas presiones no deben influir en la aplicación de la ley. Un juez que no soporta esta presión no debería ser juez”, afirmó con firmeza. Según Orso, la independencia judicial es esencial para garantizar un sistema de justicia justo y equitativo.

Impacto en las víctimas

En cuanto a las repercusiones del fallo para las víctimas de la Megaestafa 2, Orso explicó que, aunque la acción penal esté prescrita, las víctimas pueden recurrir a la vía civil para defender sus derechos patrimoniales. “El proceso penal tiene como objetivo investigar y sancionar a los responsables, pero en cuanto a los daños económicos, las víctimas pueden buscar resarcimiento en el ámbito civil”, aclaró.

Además, indicó que su decisión no implica que las víctimas queden desprotegidas. De hecho, destacó que es importante que las víctimas no confundan el ámbito penal con el civil, pues ambas vías tienen sus propios mecanismos para proteger sus derechos.

El rol de los jueces

Finalmente, Orso hizo una reflexión sobre el sistema judicial y la importancia de mantener su integridad frente a las críticas. “El sistema de justicia está basado en un conjunto de reglas que deben ser respetadas por todos, y en mi caso, no puedo apartarme de esas reglas, incluso si las decisiones no son populares o generan malestar en algunos sectores”, concluyó.

El juez también mencionó que su fallo podría ser revisado por instancias superiores, como la Corte Provincial o incluso la Corte Suprema Nacional, y que está dispuesto a aceptar la revisión de su decisión. Sin embargo, subrayó que, en su opinión, la prescripción estaba correctamente aplicada en este caso, y que las críticas deberían estar dirigidas al sistema en su conjunto, no a las decisiones individuales de los jueces.