Reformas a las leyes de seguridad pública: bisturí sí, motosierra no

Desde hace quince días, cuando el Poder Ejecutivo ingresó por la Cámara de Diputados el mensaje con el pomposo título de Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública se inició un fortísimo debate entre actores del sistema penal y entre legisladores que son los que tendrán que dar luz verde a ese proyecto que incluye la reforma a seis leyes vigentes.

"El común propósito de dotar de mayores herramientas al Estado en la lucha contra el delito, fortaleciendo la capacidad del sistema de persecución penal frente a fenómenos de criminalidad compleja, organizada y violenta", expresa el mensaje.

"En lo fundamental, se proponen modificaciones al régimen procesal penal, al régimen penitenciario, al sistema de inteligencia y al programa de recompensas, junto con una amplificación de facultades policiales para casos especiales, ya que los mecanismos tradicionales del proceso penal han evidenciado limitaciones estructurales que impactan negativamente en la prevención del delito, la protección de las víctimas, la eficacia de la investigación penal, la vigencia real del Estado de Derecho" subraya el Poder Ejecutivo en la parte central de sus considerandos.

Recelo oficialista

En las facultades policiales que pretende tener el Poder Ejecutivo parece estar el primer gran escollo de la reforma. "Ni locos les damos más poderes y sin control a la policía" se escucha en los pasillos de la Cámara de Diputados de voces no solo opositoras, sino también oficialistas, especialmente del socialismo, pero también de algunas radicales aunque en voz muy baja.

"¿Era necesario abrir ahora este debate cuando tenemos por delante que decidir la nueva ley electoral y varias leyes que nos obliga la reforma constitucional?" se escuchó preguntar en el despacho de los senadores radicales. Para la política, lo central es avanzar con la futura regla para las elecciones y no pocos sectores oficialistas y opositores quieren definirlo antes del receso invernal por más que se esté jugando el Mundial de fútbol.

"Son once reformas a distintas leyes del sistema penal y de seguridad que nos darán más herramientas para seguir combatiendo la delincuencia y cuidando a los santafesinos" posteó el Ministerio de Justicia y Seguridad y compartió el propio gobernador Maximiliano Pullaro.

Pablo Cococcioni, ministro del área, y la vocera, Virginia Coudannes, fueron los voceros del paquete cuyo debate está aún verde en Legislatura.

"No vamos a retroceder contra el delito, la delincuencia ni las banderas con amenazas, porque lo que nos importa son los derechos de las víctimas y de los habitantes de Rosario y la provincia a vivir tranquilos y en paz", recalcó la vocera.

Cococcioni insiste con que la criminalidad está contenida pero sigue latente y admitió que el mensaje "es la aspiración del Poder Ejecutivo y todo proyecto es para ser discutido".

En los primeros meses de la gestión de Pullaro, un avasallante Ejecutivo con cómodas mayorías en ambas cámaras, sancionó una docena de leyes referidas al tema seguridad que le permitieron meter manos en el tema y los indicadores de violencia bajaron en lo que va del mandato. Algunas de esas leyes sufrirían modificaciones de prosperar el mensaje del Ejecutivo.

Hoy el momento político no es el mismo. Unidos tiene un férreo control en ambas cámaras pero no obediencia ciega y menos cuando el calendario electoral está muy cerca.

La alerta de inconstitucionalidad

En los últimos días fueron varios los pronunciamientos sobre los peligros a las libertades cívicas que tienen algunos de los artículos. Entidades del derecho, cátedras universitarias, abogados penalistas fueron exponiendo sus miradas críticas. Es más, en algunas reuniones institucionales de la última semana, al menos dos ministros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia advirtieron del contenido del proyecto a legisladores oficialistas. Les hicieron ver la posible inconstitucionalidad de algunos de los artículos.

"La declaración informativa en sede policial sin la presencia de su defensor además de ser claramente atacable por violación de garantías es lisa y llanamente volver al sistema inquisitivo" subrayan especialistas en derecho penal casi al unísono.

Agregan la violación al principio igualitario de las partes del proceso ya que el proyecto pretende romper con la igualdad poniendo al fiscal en una situación procesal claramente superior sin control de la parte contraria (defensa), violentado el derecho de defensa y el debido proceso.

En el Ministerio Público de la Acusación hacen silencio pero admiten que en la redacción no hubo consulta previa del Ejecutivo. La opinión oficial estará expuesta cuando haya consulta legislativa.

En la Cámara de Diputados, Unidos todavía no ha definido la estrategia parlamentaria ni empezado a acercar posiciones. La Comisión de Seguridad Pública, que encabeza el radical Martín Rosúa, será el primer grupo en abordarlo. El rosarino fue uno de los pocos que avaló el texto y cree que con algunas reformas será viable llegar al recinto.

A su lado, otros sectores de Unidos entienden que se podrá seccionar el texto y avanzar en temas que no ofrecerían diferencias entre los principales sectores políticos como recompensas, armas, pero advierten que será complicado avanzar en zona de intervención policial especial o mayores facultades a la policía sin control.

Bisturí sí para avanzar paso a paso; motosierra no porque significará una marcha atrás en avances concretos sobre libertad de las personas, derechos humanos reconocidos a nivel internacional.

"Uno de los pilares fundamentales de todo Estado de Derecho es el respeto por las garantías constitucionales que todo ciudadano posee frente a cualquier tipo de injerencia estatal. La reforma impulsada por el Poder Ejecutivo lejos de entenderse como una pretensa respuesta a combatir "al enemigo", esconde entre su articulado el menoscabo a reglas básicas de enjuiciamiento penal, división de poderes y un otorgamiento de amplísimas facultades a los órganos encargados de persecución penal, que retrotrae la evolución legislativa y jurisprudencial de la Provincia de Santa Fe de los últimos 30 años y por la cual mucho se trabajó para tener un proceso penal acorde a parámetros constitucionales e internacionales". Lo marca un documento de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario.

Agrega que el proyecto de ley cuenta con numerosos artículos que colisionan contra principios y garantías constitucionales que ocasionarán planteos ante los más altos estamentos judiciales provinciales, nacionales e internacionales, generando responsabilidad y sanción al estado santafesino. Remata advirtiendo que "ningún Código Procesal Penal de las provincias de nuestro país, posee tamaños menoscabos a garantías básicas de enjuiciamiento penal".

A la espera del desarrollo parlamentario del debate, no son pocos los dirigentes -incluso oficialistas- que se preguntan a qué apunta Pullaro con el mensaje. Sobre el interrogante se ensayan múltiples interpretaciones que sólo el devenir el tiempo permitirá establecer las respuestas.