Venado: piden 32 años de prisión para el presunto homicida de Nicolás Godoy
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Se trata de José María B., quien además está acusado de violencia de género, desobediencia judicial y de usurpación.
La causa por la desaparición y presunto homicidio de Nicolás Christian Godoy ingresó en una etapa decisiva. La Fiscalía presentó el requerimiento de acusación contra José María B., de 42 años, a quien le atribuye haber asesinado al joven en julio de 2014 y haber intentado borrar rastros del hecho mediante la destrucción del vehículo de la víctima.
Según la acusación fiscal, el crimen habría estado motivado por un conflicto económico entre el imputado y Godoy. La hipótesis sostiene que el acusado abordó a la víctima durante la madrugada del 15 de julio de 2014, cuando se desplazaba en su Volkswagen Quantum junto a sus dos perros bóxer, Duke y Buda. Para la Fiscalía, Godoy fue asesinado con un arma de fuego y luego su cuerpo fue descartado en un lugar que aún no pudo ser establecido.
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El auto incendiado
De acuerdo con la reconstrucción fiscal, tras el crimen el imputado habría arrojado a los perros de Godoy en una zona rural y luego habría abandonado el Volkswagen Quantum en inmediaciones de calle Covacevich al 700, en Venado Tuerto.
El vehículo permaneció allí durante dos días. Luego, cuando el pedido de paradero tomó estado público, habría sido trasladado fuera del ejido urbano y prendido fuego con el objetivo de destruir pruebas y procurar impunidad, siempre según la hipótesis del MPA.
El caso de Nicolás Godoy permaneció durante años como uno de los expedientes más enigmáticos del sur santafesino. El joven había sido visto por última vez el 14 de julio de 2014, cuando salió desde la zona rural de Venado Tuerto hacia el centro de la ciudad. Su auto apareció incendiado días después y su cuerpo nunca fue hallado.
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Los otros delitos
La requisitoria fiscal también acumula otros hechos atribuidos a José María B. Entre ellos figuran amenazas calificadas por el uso de arma, daños contra el vehículo de una ex pareja, maniobras intimidatorias, incumplimiento de una orden judicial de prohibición de acercamiento y lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.
La acusación describe episodios ocurridos en distintos puntos de Venado Tuerto, algunos de ellos en presunto contexto de violencia de género y con incumplimiento de resoluciones judiciales.
Además, el MPA le atribuye un hecho de usurpación en un terreno ubicado en calle 2 de Abril al 1700, donde el imputado habría ingresado sin autorización, cambiado un candado y dejado vehículos en el interior del inmueble.
Otro tramo de la acusación refiere a la tenencia de un Toyota Corolla gris con una patente que no correspondería a los números de motor y chasis. Según la Fiscalía, al verificar los datos registrales se determinó que el rodado había sido sustraído en Rosario en mayo de 2024.
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Pedido de pena
La fiscal Mayra Vuletic acusó a José María B. como autor de los delitos de amenazas calificadas por uso de arma, daños simples, amenazas simples, daños y desobediencia a la autoridad, usurpación, lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, desobediencia a una orden judicial, encubrimiento, homicidio agravado por el uso de arma de fuego y daños simples.
Por ese conjunto de hechos, el Ministerio Público de la Acusación solicitó la imposición de una pena única de 32 años de prisión.
La prisión preventiva del imputado ya había sido dictada en marzo por el juez Adrián Godoy y luego fue confirmada por la Cámara de Apelaciones de Venado Tuerto. En esa instancia, se consideró que existían elementos suficientes, en grado de apariencia, para sostener la imputación y que persistían riesgos procesales.
Una audiencia clave
El próximo paso será la audiencia preliminar, instancia en la que la Fiscalía deberá exponer las pruebas reunidas para sostener el pedido de apertura a juicio. Según la información a la que accedió Sur24, esa audiencia podría realizarse durante septiembre, debido a la cantidad de hechos acumulados y al número de testigos previstos.
Después de casi 12 años de incertidumbre, el expediente entra en una fase determinante. La acusación busca llevar a juicio oral el caso Godoy y, al mismo tiempo, unificar en un solo proceso una serie de hechos posteriores atribuidos al mismo imputado.
